El principio de la división de poderes es un elemento fundamental de nuestro orden jurídico constitucional. El artículo 116 de nuestra Carta Magna se refiere a la organización de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En nuestro sistema constitucional la acción del Poder Judicial mediante los procesos de control de la constitucionalidad y la legalidad de los actos de autoridad, es el medio para asegurar las garantías individuales y equilibrar la actuación de los otros dos poderes. El Estado de derecho tiene que estar asentado en un orden que dé certidumbre a los ciudadanos frente a los actos de gobierno, que garantice sus derechos, libertades y propiedades y que repare cualquier violación a las normas jurídicas y es a través del juicio de amparo, el medio de control de la constitucionalidad y legalidad de la función pública, al alcance de las personas físicas y morales que acudan a este medio.
La fortaleza de Poder Judicial depende de que cada ministro, cada magistrado y cada juez actúe con absoluta independencia observando y aplicando exclusivamente la ley. La independencia del Poder Judicial debe ser la cualidad más importante. En manos de los buenos jueces, sobre todo cuando se trata de ministros de la Suprema Corte, está la preservación del régimen democrático, la efectividad real del Derecho y la confianza popular en la administración de justicia. Los mismos juzgadores constitucionales que conocen el juicio de amparo, jueces de distrito no deben olvidar que su respetabilidad frente a las demás autoridades del Estado, cualquiera que sea su categoría, depende de su recto y su valiente comportamiento.
Las anteriores reflexiones siempre se han hecho de diversos modos y en distintas ocasiones, pues las circunstancias de la dinámica jurídica, política, social y económica de México constantemente exigen su actualización como recientemente los mexicanos tuvimos conocimiento de la clara injerencia del titular del Poder Ejecutivo federal en la actuación de un juez federal que concedió una suspensión provisional, en un juicio de amparo promovido por un particular, que desde mi punto de vista vulnera la división de poderes. El poder público es, ante todo, un ejercicio de responsabilidad y sujeción a la ley: es respeto a la dignidad del pueblo. Por tanto no se debe ejercer con estilos personales producto del capricho o la arbitrariedad. La autoridad presidencial se ejerce para encauzar las aspiraciones de los mexicanos, para dirimir controversias mediante la negociación y el diálogo.
Al margen de las anteriores consideraciones debemos recordar que es en los buenos jueces dentro de un auténtico Estado de derecho, los que llegan a constituir un importante factor de gobierno en que la sociedad deposite su confianza, y que es muy satisfactorio para nosotros los abogados que en el sistema constitucional mexicano a despecho del presidencialismo podemos operar a través del juicio de amparo como medio jurídico de defensa de la Constitución y de la ley. Con jueces honestos y valientes que tengan conciencia de su propia respetabilidad, la democracia mexicana se fortalecería. Ese es el reto.
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