Las carreteras de Estados Unidos son maravillosas, eso dicen los que viajan a la Unión Americana. ¡Y cómo no! Me imagino que el material que utilizan es de primera. No precisamente extraído del vecino país del norte, allá no pueden, tienen que verse la cara con la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Por ello, la empresa constructora en New York, Arizona, California, Tennessee, New Jersey y Texas volteó sus ojos a México, más precisamente a Quintana Roo.
El dedo flamígero rápido señaló a Julia Carabias, quien se defendió indicando que para el año 2000 la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de la Semarnap –que ella encabezaba–, autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que sometió la empresa Calizas Industriales del Carmen (CALICA) “para expandir las actividades que ya llevaba a cabo desde 1986 en dos predios (La Adelita y El Corchalito) en Playa del Carmen, en donde el gobierno estatal les había ya permitido operar en 1996”. “La MIA autorizó el aprovechamiento de la parte por debajo del manto freático en esos predios con una vigencia de 20 años y sujeto a múltiples condicionantes estrictas para mitigar el daño ambiental”, precisó.
Sin embargo, señalan los expertos que “la explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado graves daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo, así como la calidad y pureza del agua y el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en la formación de oquedades, además de la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas.”
La exfuncionaria en tiempos del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, solita se acusa, al hablar de la MIA.
¿Qué es la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)? Es un instrumento de la política ambiental que tiene el objetivo de prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y en la salud humana.
Bien podemos imaginar los mexicanos, que con unos billetitos debajo del agua todo suena transparente. Las “múltiples condicionantes estrictas” se hicieron invisibles.
Al tener conocimiento el gobierno de las irregularidades quiso ser todavía condescendiente y a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el 22 de abril anunció, se había llegado a un acuerdo para que no sacaran más grava y arena, el banco de material se convirtiera en parque turístico.
El presidente López Obrador en sus habituales recorridos seguramente quiso personalmente revisar que la subsidiaria de la empresa estadounidense más importante en su ramo, Vulcan Materials, cumpliera con el compromiso contraído, pero cual fue su sorpresa, se sintió “engañado y burlado” al ver que continuaban con el saqueo, aún más, sobrevolaron la zona y hasta detectaron un barco carguero realizando las respectivas maniobras de extracción, almacenaje y transporte de materias primas.
Con el ceño fruncido, molesto informó el presidente López Obrador en la mañanera, haber dado instrucciones a la titular de la Semarnat, María Luisa Albores -ya que le pasó el susto de reciente fecha, librado por ella y otros funcionarios tras salir corriendo de un grupo de tzotziles armados con machetes y palos, allá en Chiapas- procediera de inmediato legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente. Además, visiblemente incómodo expresó: “Es un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país”.
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