En una sociedad como la nuestra existe una gran cantidad de cuestionamientos que nos hacemos frecuentemente, máxime si nos damos cuenta sobre las condiciones materiales tan deplorables que vive una gran cantidad de personas tanto en México como en el mundo.
Y es que es aquí donde nos enfrentamos a ciertas interrogantes sobre la dinámica de la misma economía, en este sentido, es necesario reflexionar entre el concepto de ciudadanía y de clase social, qué implica que cada uno de ellos en un sistema que día a día se cuestiona su viabilidad. En el ensayo sobre ciudadanía y clase social del sociólogo T.H. Marshall, analiza dicho concepto desde tres dimensiones, que son los derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales, esto es, que todos los ciudadanos de un Estado Nación que ostentan el estatus de ciudadano asumen una serie de derechos y obligaciones, en este sentido la persona que mantenga cierta ciudadanía estará adscrita a los beneficios que le sean conferidos dependiendo del Estado que se trate.
Ahora bien, si un ciudadano tiene derechos desde el ámbito civil, político y social, no implica que sean iguales en el plano económico, por tanto en una sociedad de mercado como la nuestra, existirá la idea de que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos que nos hacen ser miembros de la misma comunidad, sin embargo, dicha condición no elimina ni la clase social, ni la desigualdad, en este último concepto, se considera que es necesario, ya que la desigualdad social, es el resultado de los estímulos a través de los cuales se premia el esfuerzo y se distribuye el poder.
En la idea anterior pareciera que encierra una trampa, dado que, individualiza el origen de uno de los principales problemas que aquejan a la sociedad contemporánea, que es la pobreza y la desigualdad, por tanto, el estímulo del esfuerzo individual premia las mejoras materiales de vida para aquellos que tienen esa conducta, sin embargo no se precisan aspectos macro sociales en los cuales se reconozca que el pacto social se ve amenazado por los grandes niveles de desigualdad que hay en diferentes contextos tanto de México como en el mundo.
El mismo Marshall ya lo señalaba a considerar la dimensión social a la ciudadanía, puesto que no se puede disfrutar de esta, cuando se tienen ciertas carencias de tipo material que inhiben el flujo de recursos materiales que hacen posible una vida digna, por ello se hace interesante el concepto de ciudadanía y clase social, ya que si a través de la primera se crea un discurso de igualdad, el hecho de no eliminar la dimensión de clase social, inmediatamente se piensa en la distinción, es decir iguales en derecho ciudadano, pero no en el ejercicio de la distribución económica, aunque esta última atente contra la convivencia social del mismo mecanismo de mercado.
La situación se torna interesante cuando desde los derechos sociales de la ciudadanía se plantean algunos que son de suma importancia para el desarrollo de la misma sociedad, entre los que destacan, el derecho a la salud, a la educación, a vivir una vida libre de violencia, entre otros, actualmente se menciona en diversos foros la necesidad de una renta básica o un ingreso universal, lo que se plantea en el fondo es legitimar la acción del Estado para hacer menor o bien reducir el nivel de desigualdad que genera la misma dinámica económica, es decir, el Estado como un actor que garantice la estabilidad macro social de una economía cuya dinámica genera pobreza y desigualdad, por tanto la renta universal, que implica que todos los ciudadanos tengan derecho de contar con un ingreso monetario que garantice el consumo indispensable para sobrevivir desconociendo si es dignamente o no; lo anterior implica en el fondo que al recibirlo por parte de aquellos que lo necesiten, se controla la posibilidad de un mayor deterioro social que ponga en riesgo al mismo sistema de mercado.
Regeneración 19
