Hoy en día pocos son los actores políticos que hacen alusión a las reformas estructurales como una forma de justificación en la toma de decisiones muchas veces apresuradas y, que en innumerables ocasiones iban en contra no solo de los intereses de la ciudadanía, sino del sentido común; pero de qué tratan las referidas reformas, éstas emanaban de la reforma del Estado, iniciada a principios de los años 80´s y cuyo propósito fue orientar a través de una serie de acciones de política pública a un cambio de modelo de desarrollo tanto económico como social.
Lo anterior se plantea a partir de la crisis del modelo corporativista diseñado e implementado a raíz del movimiento de la revolución mexicana, que privilegió la implementación de políticas de corte proteccionistas dirigidas principalmente al naciente sector industrial, además de una fuerte participación del gobierno en sectores considerados como estratégicos para el desarrollo del país.
Con lo anterior, se sentaron las bases de un modelo que generó algunos contrastes en el largo plazo, es decir, se buscó la justicia social a través de la incorporación de los trabajadores al mercado formal de trabajo, dejando fuera a los que por su naturaleza no lo pudieron hacer como fueron los trabajadores del campo o bien los sectores informales de la economía.
Lo anterior generó en materia social que los objetivos de atención se orientaran hacia los sectores poblacionales urbanos que se incorporaban al empleo formal, principalmente a través de políticas públicas pensadas para la mejora de la educación y la salud, abandonando en el camino las consideraciones hacia los grupos campesinos y rurales.
Con lo anterior, se fueron generando las condiciones para que a largo plazo se tuviera una configuración social donde la desigualdad y la pobreza fuera y ha sido el sello característico de un modelo caduco y con fallas estructurales importantes.
Así se pensó que las reformas estructurales trajeran consigo cambios importantes en materia de desarrollo, ya que la iniciativa privada por su inercia con mejoras en los procesos productivos sería más eficaces en el abatimiento de los costos de producción de los diferentes sectores productivos, ello garantizaría por sí mismo mejoras en los precios, donde los consumidores finales pudieran ser los más beneficiados.
Así con estas consideraciones se presentan las reformas estructurales, en las que se pensó que la privatización, la desregulación económica, la disciplina fiscal, la apertura económica, entre otras medidas, generaría las mejores condiciones para abatir la pobreza, la desigualdad y así alcanzar la tan anhelada justicia social.
Con el anterior contexto se iniciaron las reformas, sin embargo a más de treinta años de su implementación, no se logró obtener los cambios económicos y sociales que aparentemente se obtendrían, por ejemplo, el promedio de crecimiento del PIB, fue solo del 2 por ciento anual; la privatización de empresas no trajo la eficiencia esperada que fomentará una sana competencia entre empresas a fin de mejorar las condiciones de mercado, por el contrario la inflación aunque controlada, ha sido uno de los lastres que aún tenemos, al igual que la pobreza y la desigualdad.
Por lo anterior, el giro que se está dando al modelo de desarrollo a partir de la actual administración central, no deja de ser una alternativa que redireccione las practicas que han quedado cuestionadas derivadas de las reformas estructurales, por otras donde emergen valores éticos y morales desde el mismo gobierno, que esperemos permeen a todos los niveles gubernamentales, con lo anterior se estaría contribuyendo en la construcción de una nueva generación con más valores ciudadanos que mucho puede contribuir a que el modelo de desarrollo sea exitoso.
Regeneración 19
