/ martes 26 de mayo de 2020

Economía y bienestar | Para la reconstrucción de los Estados de bienestar

Durante las crisis recurrentes en la economía a nivel mundial desde principios del siglo XX y sus efectos en el plano social surgen un cúmulo de ideas que se centraron en la construcción del Estado de Bienestar (Welfare State), aunque se puede afirmar que en buena parte de los modelos que hoy existen hay un consenso generalizado en cuanto a sus componentes, sus contornos y sus implicaciones, pero ¿qué es el Estado de Bienestar?, éste es una forma de intervención por parte del Gobierno tanto en los ámbitos económico como social a fin de proveer derechos ciudadanos regularmente centrados en el derecho al empleo y salario justo, a la protección social, a la vivienda digna, a la educación, a la salud, a la alimentación y a un entorno saludable así como a la vida pública de la comunidad.

Como bien se aprecia, existe un compromiso importante para los Estados a fin de garantizar a sus ciudadanos los derechos a los que tienen acceso, en el caso de cada país a sus circunstancias tanto económicas como políticas y sociales que imperan tanto en su devenir histórico como a los imperativos políticos existentes en ese momento, por ello se pude decir que hay tantos modelos de Estados de bienestar como países en el mundo, sin embargo casi todos coinciden en especificar que éste es una forma de organización institucional basada en motivaciones económicas y sociales, su objetivo ha tendido a incidir en mayor o menor medida a buscar ciertos niveles de equidad entre los grupos sociales a través de políticas de fomento al empleo, la seguridad económica, así como al acceso a la seguridad social.

En este sentido, en el caso de México, después del periodo post-revolucionario se iniciaron algunas políticas claras a fin de construir un Estado de bienestar, basado en un entramado institucional que garantizaba a la población el acceso a dos principales instituciones como fueron la salud y la educación, posteriormente se fundaron una serie de instituciones a fin de garantizar ciertos beneficios a la población, como fue el acceso a la vivienda así como a la seguridad social; sin embargo, en materia del cumplimiento de este tipo de beneficios, el Estado debe echar mano de recursos públicos, por tanto es fundamental una política fiscal que garantice la posibilidad de agenciarse recursos públicos para cumplir con los compromisos establecidos como derechos.

La experiencia mexicana ha sido muy complicada, ya que ante los déficits presupuestales que se generaron con el paso de los años, se vio en el endeudamiento público un mecanismo para que el Estado pudiera allegarse de recursos bajo el argumento de las necesidades sociales, situación que ha prevalecido hasta hace algunos años.

A inicios de los años setenta del siglo XX, los Estados de bienestar se cuestionan y se inicia en muchos países el desmantelamiento institucional que se había construido desde principios de siglo pasado; en el caso de México no fue la excepción y a partir de los años ochenta llega la oleada de reformas estructurales inducidas por los ideales del nuevo liberalismo económico basado en la no intervención del Estado y en el predominio del mercado como único mecanismo susceptible de garantizar tanto la producción como la distribución y consumo de la riqueza del país.

Estos mecanismos han generado grandes niveles de desigualdad económica y social, por ello es de suma importancia considerar la necesaria intervención institucional a fin de garantizar el cumplimiento de algunos rubros que tienen que ver con el bienestar social, entre ellos la intervención del Estado en materia tanto de educación como de salud, así como de la seguridad social, si se considera -de acuerdo con el Coneval- que en el año 2018 el 57.3% de la población en nuestro país no tenía acceso a ningún sistema de seguridad social; por ello se ha dejado al descubierto la urgente reestructuración de los Estados de bienestar ante los problemas económicos y sociales derivados de la pandemia que actualmente enfrenta México y el mundo, o ¿habrá alguna otra opción que garantice un nuevo Estado de bienestar en el futuro inmediato?

Durante las crisis recurrentes en la economía a nivel mundial desde principios del siglo XX y sus efectos en el plano social surgen un cúmulo de ideas que se centraron en la construcción del Estado de Bienestar (Welfare State), aunque se puede afirmar que en buena parte de los modelos que hoy existen hay un consenso generalizado en cuanto a sus componentes, sus contornos y sus implicaciones, pero ¿qué es el Estado de Bienestar?, éste es una forma de intervención por parte del Gobierno tanto en los ámbitos económico como social a fin de proveer derechos ciudadanos regularmente centrados en el derecho al empleo y salario justo, a la protección social, a la vivienda digna, a la educación, a la salud, a la alimentación y a un entorno saludable así como a la vida pública de la comunidad.

Como bien se aprecia, existe un compromiso importante para los Estados a fin de garantizar a sus ciudadanos los derechos a los que tienen acceso, en el caso de cada país a sus circunstancias tanto económicas como políticas y sociales que imperan tanto en su devenir histórico como a los imperativos políticos existentes en ese momento, por ello se pude decir que hay tantos modelos de Estados de bienestar como países en el mundo, sin embargo casi todos coinciden en especificar que éste es una forma de organización institucional basada en motivaciones económicas y sociales, su objetivo ha tendido a incidir en mayor o menor medida a buscar ciertos niveles de equidad entre los grupos sociales a través de políticas de fomento al empleo, la seguridad económica, así como al acceso a la seguridad social.

En este sentido, en el caso de México, después del periodo post-revolucionario se iniciaron algunas políticas claras a fin de construir un Estado de bienestar, basado en un entramado institucional que garantizaba a la población el acceso a dos principales instituciones como fueron la salud y la educación, posteriormente se fundaron una serie de instituciones a fin de garantizar ciertos beneficios a la población, como fue el acceso a la vivienda así como a la seguridad social; sin embargo, en materia del cumplimiento de este tipo de beneficios, el Estado debe echar mano de recursos públicos, por tanto es fundamental una política fiscal que garantice la posibilidad de agenciarse recursos públicos para cumplir con los compromisos establecidos como derechos.

La experiencia mexicana ha sido muy complicada, ya que ante los déficits presupuestales que se generaron con el paso de los años, se vio en el endeudamiento público un mecanismo para que el Estado pudiera allegarse de recursos bajo el argumento de las necesidades sociales, situación que ha prevalecido hasta hace algunos años.

A inicios de los años setenta del siglo XX, los Estados de bienestar se cuestionan y se inicia en muchos países el desmantelamiento institucional que se había construido desde principios de siglo pasado; en el caso de México no fue la excepción y a partir de los años ochenta llega la oleada de reformas estructurales inducidas por los ideales del nuevo liberalismo económico basado en la no intervención del Estado y en el predominio del mercado como único mecanismo susceptible de garantizar tanto la producción como la distribución y consumo de la riqueza del país.

Estos mecanismos han generado grandes niveles de desigualdad económica y social, por ello es de suma importancia considerar la necesaria intervención institucional a fin de garantizar el cumplimiento de algunos rubros que tienen que ver con el bienestar social, entre ellos la intervención del Estado en materia tanto de educación como de salud, así como de la seguridad social, si se considera -de acuerdo con el Coneval- que en el año 2018 el 57.3% de la población en nuestro país no tenía acceso a ningún sistema de seguridad social; por ello se ha dejado al descubierto la urgente reestructuración de los Estados de bienestar ante los problemas económicos y sociales derivados de la pandemia que actualmente enfrenta México y el mundo, o ¿habrá alguna otra opción que garantice un nuevo Estado de bienestar en el futuro inmediato?