/ miércoles 2 de diciembre de 2020

Gobernanza y sostenibilidad | Gobernabilidad y desarrollo

No se puede hablar de desarrollo sin un plan estratégico que considere la evidencia empírica para la generación de políticas públicas idóneas para resolver problemas públicos. El enfoque de políticas públicas surge como la necesidad de una racionalidad empírica que ordene los esfuerzos gubernamentales a la solución de problemas públicos que suelen ser de naturaleza compleja.

El término de gobernabilidad se ha posicionado en la academia y en el discurso político a nivel internacional durante las últimas décadas. Este término surge en el contexto del agotamiento del modelo keynesiano de la posguerra. Según diversos autores, el texto referencial que marcó la génesis del debate y su introducción en el discurso político, fue el de Michel J. Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki, en The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission publicado en 1975.

El informe es un planteamiento sobre la capacidad de gobierno de las naciones. De este cuestionamiento se deducen problemas como la ineficiencia de las administraciones gubernamentales y las crisis de legitimidad que se deduce de esta. Las recomendaciones derivadas del informe se centraron en el denominado adelgazamiento del Estado bajo la idea de una nueva administración pública centrada en la eficiencia, eficacia y legitimidad. El planteamiento de la comisión tuvo una gran influencia en la organización del estado, puesto que este, se tenía que reconfigurar de acuerdo con las nuevas exigencias sociales y principalmente a la incapacidad del estado de proveer bienes y servicios a la sociedad y al mismo tiempo mantener un ancho aparato burocrático.

Esta lógica adoptada por los países a lo largo de las décadas posteriores en diferentes medidas ha dado paso a una institucionalización de fuerzas en la administración pública que ha desembocado en la participación de diferentes actores sociales en la construcción de nuevas alternativas para gobernar, alejadas del tradicional centralismo que mina las posibilidades de la democracia y que en términos operativos es infactible.

De acuerdo a lo anterior, la tendencia histórica estaba dirigida hacia un gobierno de la sociedad bajo un modelo posgubernamental, sin embargo, la crisis de la democracia y la expansión de discursos populistas han puesto en jaque el avance institucional y con ello la gobernabilidad. No se puede hablar de gobernabilidad si hay una repartición inadecuada de los recursos a los estados, no se puede hablar de gobernabilidad si no se favorece la competitividad y no se puede hablar de gobernabilidad bajo la lógica de discursos maniquesitas. La gobernabilidad y el desarrollo tiene que ver con un proyecto estratégico e inclusivo que genere competitividad y permita una repartición equitativa de los recursos y justicia presupuestaria por la vía institucional en un estado de derecho.

No se puede hablar de desarrollo sin un plan estratégico que considere la evidencia empírica para la generación de políticas públicas idóneas para resolver problemas públicos. El enfoque de políticas públicas surge como la necesidad de una racionalidad empírica que ordene los esfuerzos gubernamentales a la solución de problemas públicos que suelen ser de naturaleza compleja.

El término de gobernabilidad se ha posicionado en la academia y en el discurso político a nivel internacional durante las últimas décadas. Este término surge en el contexto del agotamiento del modelo keynesiano de la posguerra. Según diversos autores, el texto referencial que marcó la génesis del debate y su introducción en el discurso político, fue el de Michel J. Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki, en The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission publicado en 1975.

El informe es un planteamiento sobre la capacidad de gobierno de las naciones. De este cuestionamiento se deducen problemas como la ineficiencia de las administraciones gubernamentales y las crisis de legitimidad que se deduce de esta. Las recomendaciones derivadas del informe se centraron en el denominado adelgazamiento del Estado bajo la idea de una nueva administración pública centrada en la eficiencia, eficacia y legitimidad. El planteamiento de la comisión tuvo una gran influencia en la organización del estado, puesto que este, se tenía que reconfigurar de acuerdo con las nuevas exigencias sociales y principalmente a la incapacidad del estado de proveer bienes y servicios a la sociedad y al mismo tiempo mantener un ancho aparato burocrático.

Esta lógica adoptada por los países a lo largo de las décadas posteriores en diferentes medidas ha dado paso a una institucionalización de fuerzas en la administración pública que ha desembocado en la participación de diferentes actores sociales en la construcción de nuevas alternativas para gobernar, alejadas del tradicional centralismo que mina las posibilidades de la democracia y que en términos operativos es infactible.

De acuerdo a lo anterior, la tendencia histórica estaba dirigida hacia un gobierno de la sociedad bajo un modelo posgubernamental, sin embargo, la crisis de la democracia y la expansión de discursos populistas han puesto en jaque el avance institucional y con ello la gobernabilidad. No se puede hablar de gobernabilidad si hay una repartición inadecuada de los recursos a los estados, no se puede hablar de gobernabilidad si no se favorece la competitividad y no se puede hablar de gobernabilidad bajo la lógica de discursos maniquesitas. La gobernabilidad y el desarrollo tiene que ver con un proyecto estratégico e inclusivo que genere competitividad y permita una repartición equitativa de los recursos y justicia presupuestaria por la vía institucional en un estado de derecho.