Últimamente, en la opinión pública, el tema de las pensiones, la recaudación fiscal y la informalidad en México han dado de qué hablar.
En la economía mexicana se teje una trama compleja de relaciones entre la informalidad laboral, la recaudación tributaria y el sistema de pensiones. Esta tríada económica, aunque intrincada, revela aspectos cruciales que impactan no solo la estabilidad económica sino también la equidad social y la seguridad financiera a largo plazo.
La informalidad laboral en México ha persistido a pesar de los esfuerzos para erradicarla. Si bien ofrece cierta flexibilidad a trabajadores y empleadores, también crea una serie de desafíos. Los trabajadores informales, al no participar en esquemas formales de pensiones, quedan desprotegidos, lo que plantea interrogantes sobre la seguridad financiera durante la jubilación.
La informalidad laboral tiene un impacto directo en la recaudación tributaria. Una parte sustancial de la actividad económica opera al margen de la tributación directa, lo que genera una brecha significativa en los ingresos del gobierno. Esta brecha limita los recursos disponibles para programas sociales y servicios esenciales, entre ellos, las becas de manutención y las pensiones universales a los adultos mayores.
El sistema de pensiones mexicano, basado en un modelo de reparto —entre los empleadores, gobierno y trabajadores— y capitalización individual, enfrenta la presión de una población que envejece rápidamente y una base contributiva afectada por la informalidad. Aunque ofrece ventajas de flexibilidad, la informalidad también introduce desafíos estructurales, amenazando la solidez financiera del sistema.
La informalidad proporciona cierta agilidad a la economía, permitiendo a pequeños negocios responder rápidamente a cambios en la demanda. Sin embargo, esta flexibilidad viene acompañada de la falta de protecciones laborales y de seguridad financiera a largo plazo para los trabajadores. De ahí que los trabajadores informales a menudo carecen de acceso a beneficios laborales y seguridad social, creando una brecha significativa en la protección social. En el contexto de los sistemas de pensiones, esta falta de participación formal se traduce en pensiones inadecuadas y, en algunos casos, en la dependencia de sistemas de apoyo público.
Por otra parte, la baja recaudación tributaria, alimentada por la informalidad, plantea el desafío de cerrar esta brecha sin imponer cargas excesivas a los contribuyentes formales. Estrategias que fomenten la formalización y modernización de métodos de recaudación son esenciales para fortalecer las arcas fiscales.
Algunas políticas públicas que traten de abordar estos temas, serían los incentivos a la formalización, es decir, crear políticas públicas que incentiven a las empresas y trabajadores a optar por la formalidad, ofreciendo beneficios fiscales y simplificando procesos burocráticos. De igual manera, el impulso de la educación financiera podría coadyuvar a destacar la importancia de la participación en esquemas formales de pensiones y los riesgos asociados con la informalidad. En tanto, por parte de la recaudación fiscal, se podrían adoptar tecnologías y métodos actualizados para la recaudación tributaria, haciendo el proceso más eficiente y reduciendo la evasión y elusión de impuestos.
Abordar esta tríada económica en México demanda una estrategia multifacética. Fomentar la formalización, mejorar la recaudación y fortalecer el sistema de pensiones son eslabones interconectados en la cadena hacia una economía más equitativa y sostenible. Por ello, este desafío no solo yace en manos del gobierno, sino también en la responsabilidad compartida de la sociedad y cada uno de los agentes económicos que interactúan en la economía.
- Regeneración 19
